Era 1937 en Owensboro, Kentucky, la multitud se reunía para ver lo que sería la última ejecución pública de un hombre. Se trata Reiney Bethea, un joven de veinticinco años condenado a la horca por haber violado a una mujer de setenta años. Las fotografías del evento nos dejan ver a un grupo de personas entre los que se distinguen rostros de sorpresa, morbo, desconcierto, y algunos, los menos, de empatía. Otra imagen muestra a un vendedor de refrescos atendiendo a la multitud que llegó horas antes para poder tener un buen lugar en tan grotesco espectáculo. Se estima que veinte mil personas acudieron al evento, dieciocho meses después se prohibieron las ejecuciones públicas en Kentucky.
Pareciera que esos procesos salvajes de “justicia” han quedado enterrados en el pasado. Hemos acordado que la dignidad es un derecho humano. Cuando alguien comete un delito idealmente debería ser procesado, su culpabilidad probada y después cumplir una condena por ello. El proceso civilizatorio es el que evita que las víctimas busquen justicia por su propia mano, si la justicia falla entonces hemos creado instancias superiores a las que acudir. Y no, no siempre funcionan, y esa es en parte la raíz del problema. Sin embargo, apostamos por las instituciones porque es hasta ahora, la mejor opción.
Pero en el ejercicio del poder el presidente no ha apostado por la legalidad ni las instituciones. La entraña lo supera y la horca mediática está dispuesta de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Algún secretario o funcionario será encargado de ponerle la capucha negra al elegido y López Obrador bajará la palanca para que inicie la función.
Primero fue Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Brincando todos los procesos legales, Santiago Nieto puso a disposición del hambriento público de la mañanera los datos de una investigación para hacer señalamientos contra un hombre que no había sido juzgado. Un hombre que se atrevió a negarse a la petición de la secretaria de energía de abandonar el puesto, un hombre que se atrevió a “criticar” a las ternas enviadas por el presidente. Ese fue su pecado.
Siguieron los empresarios gasolineros. Para nadie es nuevo que algunas gasolineras vendían combustible robado, tampoco que muchas otras cobran más litros de los que despachan (¿podemos decir: cobraban?), y es de celebrarse que exista un gobierno con la intención de acabar con ambas prácticas. Sin embargo, es más rentable hacer un espectáculo de ello, que terminarlo en realidad. Así fue como primero dieron a conocer una lista mal hecha, que además comparaba peras con manzanas para poder ejercer un juicio público sobre los condenados: ¡qué pase el desgraciado que nos ha dado tan cara la gasolina!
Ahora la amenaza es colgar a los jueces. “Si hay jueces que están liberando a presuntos delincuentes y antes ni se sabía, ahora no, ahora va a haber también un quién es quién en la justicia”, dijo AMLO. Tantas malas noticias en una sola frase: el presidente no entiende lo que la palabra “presunto” quiere decir, y peor, no habrá justicia, sólo ejecución pública a manos de furiosos usuarios de YouTube.
El show favorito del López Obrador se llama: Quién es quién, y en este espectáculo, él es el verdugo.
El país que vuelve a nacer
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