Por segunda ocasión en poco más de un mes (estuvo aquí el 5 de diciembre), el procurador de Estados Unidos, William Barr, nos visita. Su agenda es confidencial, pero puede adelantarse que incluirá los temas de Genaro García Luna y reclamos en materia de combate a jefes del narcotráfico. Pero desde ahora se puede dar por sentado que vendrá con las manos vacías en un tema clave para México: el control del intenso flujo de armas hacia nuestro país.
Al inaugurar el pasado día 7 la reunión de cónsules y embajadores, el canciller Marcelo Ebrard expresó en términos simples un dilema clave: “¿Cómo podemos doblegar a los cárteles de las drogas si no frenamos la venta de armas que utilizan?”
Las autoridades de ambas naciones lanzaron en octubre, hace casi tres meses, el programa “Frozen”, que las compromete a enfrentar un gigantesco tráfico de todo tipo de armas desde el norte hacia el sur. Se trata de más de 200 mil de ellas, cada año; desde sencillas pistolas y rifles automáticos hasta los temibles “Barret”, que pueden derribar a un helicóptero y penetrar el blindaje más complejo que existe.
Hace algunas semanas funcionarios norteamericanos dieron a conocer a su contraparte mexicana haber decomisado ¡74! armas antes de que pudieran cruzar la frontera. Ni siquiera pudieron precisar las características de las mismas. A nadie escapó que se trata de una proporción minúscula frente al drama que ha derivado que en México circulen hoy millones de armas ilegales, a las que sigue un flujo incesante de municiones, contabilizadas en cientos de millones de unidades al año, que siguen las mismas rutas que termina en manos de banda del crimen organizado y otro tipo de organizaciones fuera de la ley.
Si el señor Barr fuera mínimamente honesto, daría hoy una conferencia de prensa aceptando públicamente que su gobierno, que la sociedad norteamericana en su conjunto son rehenes de la industria armamentista, de los traficantes y de un sector de la población con un apetito desquiciado por acumular arsenales sin restricción legal alguna. Un fenómeno que se agudiza en los estados del sur de la Unión Americana, en particular Texas y California, en cuyas tiendas es más fácil comprar un fusil de asalto que contratar un teléfono celular.
Por si se le olvida, aquí le recuerdo al procurador Barr por qué su gobierno es impotente para frenar este infierno:
1.- La industria armamentista prohijó hace décadas a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), con cinco millones de miembros. Se calcula que la NRA aportó al menos 30 millones de dólares para que el hoy presidente Trump llegara al poder en 2016. Cada año entrega otros cuatro millones de dólares a políticos de todo tipo para frenar leyes y regulaciones sobre la venta de armas. Muy poco si se considera que cada año recauda más de 300 millones de dólares de sus miembros para estimular campañas en favor del uso de las armas.
Financian por igual a republicanos que a demócratas, por lo que en este año electoral ningún candidato abrirá la boca con propuestas en el campo de la limitación, no importa cuántos tiroteos maten a cuántos jóvenes en sus escuelas, como ocurrió hace algunos días en la ciudad mexicana de Torreón, Coahuila, donde un niño de 11 años decidió emular a un sicópata de la vecina nación.
2.- Si a nivel nacional poco puede esperarse de la administración Trump, los estados de la Unión Americana han tratado de impulsar leyes locales restrictivas, que sin embargo son anuladas por las Corte. La Suprema Corte ha resuelto en años recientes, hasta en dos ocasiones, que es un derecho constitucional el que cualquier ciudadano llene su hogar con armas en volúmenes suficientes para iniciar una pequeña guerra personal contra el mundo.
Todos citan que la segunda enmienda de la Constitución establece que "al ser una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho de la gente a portar armas no debe ser vulnerado". Esta frase tan ambigua ha llevado a la Corte Suprema a dictaminar que la misma prohíbe incluso la imposición de requisitos estrictos de registro de armas personales. Durante el gobierno Trump se reporta que jueces favorables a este derecho están llenando las cortes de todo el país.
3.- Un viejo político estableció que lo más duro de aceptar no es la agresividad y la maldad de los perversos, sino la apatía de los buenos. Porque mientras en Estados Unidos los defensores de las armas presentan un bloque monolítico, consolidado con muchos millones de dólares, los llamados a frenar esta locura exhiben altibajos, sujetos a cada tragedia que se presente.
Por eso, señor Barr, hágase y háganos un favor. Declare hoy que “Frozen” y todos los demás programas de control de armas y de su gigantesca venta en México y otras naciones son una pesadilla de la que quizá nunca saldremos. Puede usted ser crudo. Lo que no se le perdona es la farsa. (rockroberto@gmail.com).