Ya están definidos los candidatos a la presidencia y ahora lo importante es que nos digan qué harán con los temas más candentes de la agenda actual: corrupción, inseguridad, pobreza y economía, entre otros.
Transparencia Internacional acaba de publicar su Índice de Percepción de la Corrupción y México ha empeorado su calificación, cayendo al lugar 135 de 180 países, con una calificación de 29 de 100 (100 es sin corrupción). El año pasado tuvo una calificación de 30 y ocupó el lugar 123 de 176.
La calificación de 2017 es una de las más bajas en los últimos años. Por ello, el combate a la corrupción requiere atención urgente. Me permito proponer algunas ideas de lo que la próxima administración federal podría hacer al respecto.
Combate a la corrupción
Recordemos que existen dos vías para combatir la corrupción. Una por la vía penal: en el Código Penal Federal se especifican cuáles son los delitos por corrupción. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción, si algún día llega a funcionar, y sus equivalentes en los estados, serán los responsables de perseguirlos.
La otra es por la vía administrativa, mediante la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), aunque esta no habla de conductas de corrupción sino de faltas graves. Los responsables de aplicarla son la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus pares en las entidades federativas.
Lee nuevamente: ¿Funcionará la Ley 3 de 3?
Sin embargo, son tantas las deficiencias de la nueva Ley de Responsabilidades que urge que el legislador le haga una reforma, para lo cual ya se han creado grupos de trabajo organizados por el Sistema Nacional Anticorrupción.
Además de sus deficiencias, esta ley es garantista, por lo que será mucho más difícil castigar a los corruptos, ya que les otorga muchas protecciones. Lo único que queda a las instancias responsables de aplicar esa ley es la capacitación y la mejora de sus habilidades técnicas.
El escenario no es bueno
Una Fiscalía Anticorrupción sin funcionar y una nueva Ley de Responsabilidades con muchas fallas, hace mucho más difícil castigar a los corruptos.
El otro problema es de percepción pública. Los ciudadanos no pensarán que se está combatiendo a la corrupción hasta que vean a los corruptos en la cárcel. Esto es, esperan que se combata la corrupción por la vía penal. Y es entendible. Las sanciones por la vía administrativa son menos fuertes y no llevan a nadie a la cárcel. Además, el meter a la cárcel a los corruptos es mucho más disuasivo que sancionarlos administrativamente.
En ese sentido es importante que sea la Fiscalía General de la República quien encabece el esfuerzo contra la corrupción, como veremos más adelante.
Es importante que para inicios del próximo sexenio ya estén resueltos los problemas de funcionamiento de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción; se hayan corregido las deficiencias de la Ley de Responsabilidades y profesionalizado a los encargados de aplicarla.
Encontrar a los corruptos para sancionarlos
Para ello, mi propuesta es darle un enfoque moderno a un viejo problema: hay que seguir la huella del dinero en los casos de la mediana y la gran corrupción; y en los casos de pequeña corrupción, implantar una estrategia disuasiva. En ambos casos, haciendo uso intensivo de las tecnologías de información y comunicaciones y desarrollando labores de inteligencia.
Puedes consultar: Seguir la pista del dinero
O también: Una estrategia anticorrupción
La corrupción deja a los funcionarios públicos un beneficio rastreable en la mayoría de los casos, a través de transferencias de dinero, adquisición de bienes muebles e inmuebles, tenencia de acciones en empresas, etc. Por lo tanto, deberá seguirse la huella de esas transacciones.
Las declaraciones de situación patrimonial casi no sirven. Los corruptos no darán información fidedigna de su patrimonio. En este sentido es un exceso de la nueva Ley de Responsabilidades el pedir que 5 millones de servidores públicos presenten una declaración que tendrá poca o nula utilidad.
¿Por dónde empezar?
A continuación, algunas ideas:
· Áreas proclives a la corrupción. Identificar las áreas de más alto riesgo en materia de corrupción como son la contratación de obras públicas, adquisiciones mayores, adjudicaciones directas de montos altos, el otorgamiento de permisos y concesiones, reparto de subsidios en programas sociales, resoluciones de organismos autónomos, entre otras áreas de riesgo.
· Funcionarios de alto riesgo. Identificar a los funcionarios de alto riesgo y específicamente aquellos que estén en las áreas más proclives a la corrupción; investigar su situación patrimonial utilizando técnicas informáticas para dar seguimiento a sus propiedades, sus movimientos bancarios y en general sus patrones de consumo, usando para su análisis minería de datos en bases de datos financieras, del comercio, de la propiedad y del SAT entre otras, para detectar esquemas de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito.
· Auditorías especiales. Realizar auditorías forenses sobre actividades sospechosas en procesos de licitación, para detectar, por ejemplo, empresas fantasmas y otros esquemas de lavado y desvío de recursos.
· Inteligencia anticorrupción. También es importante recopilar inteligencia anticorrupción que incluya intervenciones telefónicas (que habrá que regular), darles seguimiento a personas sospechosas, realizar investigaciones en fuentes abiertas y redes sociales y demás mecanismos de recopilación de inteligencia.
· Instituciones. Por las consideraciones anteriores, el combate a la corrupción debería ser responsabilidad primordial de la Fiscalía General de la República con la independencia necesaria. Tendría tres brazos para actuar:
o La Fiscalía Anticorrupción fortalecida
o El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia dedicada a tareas de inteligencia sobre combate a la corrupción
o Transferir la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a la FGR
· Poder Judicial. Por lo que respecta al Poder Judicial, recientemente el ministro Pérez Dayán, propuso desarrollar tribunales especializados en temas administrativos, tales como lo han hecho para atender asuntos en materia de competencia económica y competencia en telecomunicaciones.
El Sistema Nacional Anticorrupción podrá auxiliar en estas tareas, pero la función principal de combate a la corrupción deberá recaer en la Fiscalía General de la República.
Es tiempo de escuchar propuestas por parte de los candidatos a la presidencia sobre uno de los temas que más reclama la población. Se necesitan propuestas serias y no solo poses de campaña. Que haya compromisos firmados por todos los partidos. De otra manera, el disminuir la corrupción y hacer de México un país libre de ese cáncer, solo será un buen deseo.