Por manifestar públicamente su descontento en procesos de asignación de candidaturas, así como cuestionar decisiones de personajes cercanos al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, militantes fundadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fueron sancionados por su Comisión de Honestidad y Justicia, en Hidalgo y Guerrero.
En ambos casos, los promoventes de la penalización fueron los ahora “súperdelegados” del gobierno federal, a quienes los sancionados señalaban por pactar con partidos opositores o grupos aliados en los comicios de 2018, como el que lidera el expriista Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por presunto lavado de dinero, debido a movimientos inusuales de 156 millones de dólares provenientes de Suiza.
En el primer caso, por declarar en conferencias de prensa su desacuerdo con la entrega de candidaturas a aspirantes externos, incluidos los del grupo Sosa Castelán –que recibió nueve postulaciones a diputaciones locales y una posición plurinominal más para el mismo cargo, pero federal–, Francisco Patiño Carmona, María Irma Hernández Jiménez, Manuel Enrique Aranda Montero y Alan Medina Medina recibieron una amonestación pública que, en caso de reincidencia, puede derivar en la suspensión de sus derechos como militantes.
Ellos reclamaron que las supuestas encuestas con la que se justificaba la postulación de los externos no se dieron a conocer; no obstante, la comisión resolvió que “las declaraciones sobre la vida interna, diferencias, apreciaciones juicios, al ventilarse públicamente, serán utilizadas y manipuladas por quienes están en contra del proyecto de nación”, por lo que restringió la difusión de inconformidades en la prensa.
“Existe plena libertad de expresión dentro de Morena. Sin embargo, este derecho no es abstracto ni absoluto. Es un derecho definido en cuanto a su ejercicio como algo que debe de practicarse al interior y/o exterior de Morena siempre y cuando no se ventile en los medios de comunicación, dice el resolutivo del expediente CNHJ/HGO/671-18, que se inició por una queja que interpuso en marzo de 2018 Abraham Mendoza Zenteno, en ese momento dirigente estatal del partido y ahora delegado de programas sociales en el estado.
También por supuestas prácticas contrarias al Estatuto y Declaración de Principios de Regeneración Nacional, el actual súperdelegado en Guerrero y diputado local con licencia, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, inició un proceso en contra de su compañera de bancada Érika Valencia Cardona, la cual derivó en el expediente CNHJ-GRO-739/18, cuyo resolutivo fue una amonestación pública y la advertencia de que, si continuaba con expresiones de ese tipo, el partido procedería con la posible inhabilitación.
La inconformidad surgió porque el día 8 de septiembre de 2018, durante la Reunión Nacional de Diputados Locales de todo el país en la Ciudad de México, convocada por la dirigencia nacional Morena, Valencia Cardona declaró que el líder de su bancada, Sandoval Ballesteros, “se ha dedicado a generar un ambiente de conflicto en el seno del grupo parlamentario de Morena, ya que él entregó al PRI la mesa directiva, y en ningún momento hace caso a la fracción y negoció en lo oscurito”; asimismo, acusó que la dejó sin comisión.