Este martes se reveló que al menos dos denuncias contra el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y seis contra sus familiares fueron presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República. La acusación sería por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
A raíz de ello, en La Silla Rota te presentamos un recuento de los actores políticos a los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el de la Cuarta Transformación (4T), tiene en la mira, relacionados a casos de corrupción:
EMILIO LOZOYA
Desde el pasado 28 de mayo la FGR giró la orden de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con Alejandro Gertz Manero, fiscal general, Emilio Lozoya es acusado de “uso de fondos a través del sistema financiero que son de carácter ilícito para beneficio propio o de un tercero”.
En específico, se culpa a Lozoya Austin por la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Pro Agroindustria.
Durante la investigación, la FGR ha incautado distintas propiedades del exdirectivo, tal como una casa ubicada en Las Lomas de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Por su parte, la defensa de Lozoya argumenta que los que deben ser investigados por dicho caso son los integrantes del Consejo Administrativo de Pemex. A saber, los exsecretarios de Energía, Economía y Hacienda, Pedro Joaquín Coldwell, Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray, respectivamente.
Marielle Helene Eckes, (esposa) Gilda Susana Lozoya (hermana) y una tercera persona de nombre Nelly Martiza Concha, propietaria de la casa de Ixtapa que Altos Hornos supuestamente dio a Emilio Lozoya, también cuentan con una ficha roja en Interpol.
El último vestigio que las autoridades tienen sobre el paradero de Lozoya es un vuelo que abordó con rumbo a Alemania el 30 de abril.
JUAN COLLADO
El caso Collado, desde la detención del abogado el pasado 9 de julio por la supuesta compra ilícita de un terreno en el estado de Querétaro, se ha ido expandiendo.
Los delitos por los que Juan Collado fue vinculado a proceso son delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que el abogado se encuentra recluido de manera preventiva en el Reclusorio Norte, donde debe permanecer durante el tiempo que se efectúe la investigación en su contra.
De igual forma es señalado por la FGR de conformar cerca de 44 empresas fantasma para lavar dinero. La Fiscalía presentó pruebas de que el penalista y el empresario José Antonio Rico recibían grandes cantidades de dinero en cuentas a su nombre en España y Andorra.
De acuerdo con las investigaciones, entre las empresas ficticias hay constructoras, inmobiliarias, financieras y de futbol.
Hasta el momento la UIF ha congelado ocho cuentas bancarias del expresidente de Libertad Servicios Financieros.
EDUARDO MEDINA MORA
El columnista Salvador García Soto escribió el 5 de junio pasado sobre un reporte de la National Crime Agency, del Gobierno del Reino Unido, en el que se detectaron transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, en el HSBC UK BANK de Londres, por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que le fueron depositadas en los últimos dos años.
Atendiendo al reporte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encontró que Medina Mora recibió otros 2 millones 130 mil dólares entre el 2016 y el 2018 en sus cuentas de HSBC USA.
En adición, el diario El Universal publicó que los ingresos totales que el ministro reportó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Hacienda de 2013 a 2017, en sus declaraciones anuales de impuestos, ascienden a 26 millones 38 mil 256 pesos, una cantidad cuatro veces inferior a la suma de las transferencias por 903 mil pesos y 2.3 millones de libras esterlinas que envió desde sus cuentas de HSBC en México al mismo banco en Reino Unido, y a los 2.1 millones de dólares que transfirió desde la misma institución financiera al HSBC de Estados Unidos, según los reportes de “actividad sospechosa” de la Agencia Nacional de Crimen británica (NCA, por sus siglas en inglés) y del Departamento del Tesoro estadounidense.
Por su parte, Medina Mora refirió que la información es falsa, inexacta y dolosa por parte de García Soto.
Sobre el caso, López Obrador recalcó que su gobierno tiene el criterio de canalizar a la FGR todos los casos sustentados con pruebas sobre lavado de dinero o enriquecimiento ilícito de todo funcionario público.
ALBERTO ELÍAS BELTRÁN
El encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán es investigado por la Fiscalía General de la República por lavado de dinero.
Se trata de una indagatoria iniciada por una querella que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el antecesor de Alejandro Gertz Manero, por una serie de movimientos bancarios de 2016 a la fecha.
La denuncia contra Elías Beltrán incluye a su esposa Marcela Kuchle López, así como al menos dos razones sociales.
La querella del órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda, fue turnada a la Unidad Especializada de Análisis Financiero, que está adscrita directamente a la oficina del Fiscal Gertz Manero.
La UIF investiga a Elías Beltrán y su cónyuge por operaciones de aproximadamente 98 millones de pesos, cuyo origen presumía ilícito.
ROSARIO ROBLES
La Fiscalía General de la República (FGR) busca vincular a proceso a Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Sin abundar en mayores detalles, se mencionó la posibilidad de que se relacione con el ejercicio de los recursos de la llamada "Cruzada Nacional Contra el Hambre", durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en la Secretaría de Desarrollo Social.
Diversos medios han publicado reportajes en el que se vinculada a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con el desvío de mil 311 millones de pesos a través de pagos a empresas fantasma, mientras Rosario Robles Berlanga era la titular de estas dependencias, según detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
ESTAFA MAESTRA
Por este caso de la llamada "Estafa Maestra", se ha abierto la investigación en contra de más de 60 exfuncionarios de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quienes prestaron sus servicios en las administraciones de Rosario Robles en dichas instancias.
Los delitos imputados son peculado y ejercicio indebido del servicio público.
En tanto, la FGR reporta que seis han sido vinculados a proceso, además de que siete se encuentran incluidos en carpetas de investigación a las que no se les da seguimiento desde hace tres años.
Desde 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso demandas en contra de los funcionarios al detectar el desvío de por lo menos 5 mil 251 millones de pesos, a través de diversas empresas fantasma.
El daño al erario que se apunta en los expedientes se acerca a los 839 millones de pesos.
djh