La diputada local Mariana Bautista de Jesús, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para derogar los denominados delitos contra el honor, mediante la eliminación de los capítulos I, II y III del título sexto del Código Penal de Hidalgo, que contemplan las figuras de la difamación y de la calumnia.
En tribuna, la legisladora ejemplificó el caso de Leonardo García Vázquez, el ciudadano vinculado a proceso por difamación después de hacer públicos daños a su vivienda –construida por una empresa de la hermana del exsubsecretario de Obras Públicas de Hidalgo Marco Antonio Rico Moreno–.
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Como indemnización por las pérdidas que atribuye a las notas publicadas sobre deficiencias en uno de sus desarrollos inmobiliarios, Constructora Sylma exigió el pago de 65 millones 504 mil 852 pesos.
Aunque la injuria, la difamación y la calumnia fueron derogados del Código Penal Federal mediante un acuerdo presidencial publicado el 12 de abril de 2007 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en Hidalgo siguen vigentes y, de acuerdo con el abogado defensor de Leonardo Vázquez, Jesús Alberto Guerrero Rojas, fueron empleados en el caso de su cliente para criminalizar la protesta.
En la audiencia intermedia del 17 de mayo, el litigante pidió a la juez Sissi Anette Rodríguez Fernández investigar el presunto conflicto de interés en el que habría incurrido la familia Rico Moreno para recibir del gobierno del estado licencias de construcción a favor de sus empresas. Aunque dijo que piensa que la solicitud no procederá, por el poder político que, aseguró, tienen los Rico Moreno, expuso que la finalidad de la petición es que exista registro de esta posible irregularidad.
Entrevistado al término de la audiencia, que se llevó a cabo en la sala 5 de los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Pachuca, Guerrero Rojas consideró que este caso “evidencia lo peor del sistema político: el descaro, el desparpajo en una familia que está metida en infinidad de empresas privadas y cuyos accionistas son funcionarios. Algunos dejaron de serlo recientemente, otros lo son, pero durante todo este ajetreo ellos eran beneficiarios y autoridades, lo que está prohibido por la ley.
“¿Qué en Hidalgo no hay leyes?”, cuestionó.
“El Código Penal prohíbe ese tipo de tratos, ese tipo de ejecuciones. Otorgar licencias para beneficiarse personalmente o a un familiar, hasta el cuarto grado, es un delito, y lo hemos gritado. Hoy se lo dijimos a la juez, quiso evadir el argumento, (pero) a fin de cuentas lo expusimos”, añadió.
Lo anterior, porque la Constructora Sylma, que erigió el fraccionamiento Esmeralda que habitaba Leonardo en el municipio de Zempoala, obtuvo 91 licencias de construcción Marco Antonio Rico desempeñó el cargo de subsecretario. Asimismo, Constructora Crimsa, de la que éste es accionista mayoritario, obtuvo 181 más, con base en una investigación de Animal Político.
mvf