En su informe escrito de labores (un documento de 900 páginas enviado por la presidencia de la República al poder legislativo), el presidente López Obrador informa su labor durante siete meses de administración en materia de política y gobierno que el país, denominado “bases para la cuarta transformación”.
En el capítulo de gobernabilidad, destaca que el objetivo principal es crear un estado de derecho funcional basado en dos puntos. Uno, el tema de la austeridad donde se ofrece una numeralia de los objetivos cumplidos como la baja de sueldos de funcionarios y el objetivo de reducir un total de mil 928 plazas laborales para ahorrar poco más de 10 mil millones de pesos. De estos, reporta ya un avance de la tercera parte (lo que equivale a un recorte de 7 mil 991 plazas).
En el caso de la ley de austeridad republicana, el primer informe de gobierno reporta que ésta se encuentra en las últimas etapas de proceso legislativo y que uno de sus principales objetivos es prohibir la creación de nuevos fideicomisos además de la revisión de los ya existentes.
El segundo punto se refiere a la función pública cuyo objetivo es erradicar la corrupción mediante el combate a la misma, tomando como base la denuncia ciudadana. El documento cita un aumento en la cantidad de denuncias (20 mil 504) de las cuales poco más de la quinta parte (3 mil 536) ya fueron investigadas y concluidas. “Esto representa un incremento de 38% en el número de denuncias recibidas respecto al periodo comprendido entre diciembre de 2017 y junio de 2018”, cita.
Si bien el informe presidencial sustenta cifras positivas sobre los beneficios de la austeridad para un mejor uso de los recursos y combate a la corrupción, “sin afectar la operación sustantiva de las instituciones y programas del Estado”, es importante recordar que la renuncia de dos ex secretarios -Germán Martínez en el IMSS y Carlos Urzúa en Hacienda- puso en entredicho tal aseveración pues ambos personajes dejaron en evidencia que las medidas de austeridad que se aplicaban eran excesivas y estaban afectando la operación de áreas sensibles.
En el caso del IMSS se refería al abasto de medicamentos y recorte de personal. Textualmente Martínez escribió en su carta de renuncia “en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal, ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal y un rediseño “institucional” donde importa más el “cargo” que el “encargo”. De igual forma Urzúa también renunció con una breve misiva donde habló de discrepancias en materia económica, lo que provocó, señaló, la toma de “decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.
El documento también destaca que los ingresos generados por venta de autos, joyas y casas incautadas a la delincuencia, ha sido destinado a municipios pobres y que se espera concluir a la brevedad con la venta de 72 aeronaves, incluido el avión presidencial.
AHORROS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL RESPECTO DE 2018, AL 31 DE JULIO DE 2019 (Cifras preliminares en millones de pesos)
Concepto Ahorros / Total 145,614
Reducciones o cancelaciones de compras y contratos 124,799
Pemex 56,094
Contrataciones (incluye Huachicol) 48,245
Contratación de deuda (costo financiero) 7,849
CFE 46,666
Reducción del gasto en un 20% en el uso de combustible 33,283
Otros Bienes y Servicios 13,383
IMSS 508
ISSSTE 223
Las demás dependencias y entidades 19,977
Controles en alimentación y servicios 1,331
Policía Federal 868
Prevención y Readaptación Social 463
Compras consolidadas en el Sector Central 6,829
Medicamentos 2o Semestre 2019 4,281
Licitación 2,180
Antirretrovirales 1,741
Hepatitis C 360
Impresión de libros de texto gratuitos (c/papel) 1,019
Servicios de Vigilancia 906
Otros 623
Seguros 13,986
Cancelación Seguro de Gastos Médicos y Seguro de Separación de servidores públicos 13,662
Optimización del seguro de gastos médicos mayores y patrimonial 324
Policía Federal 205
Prevención y Readaptación Social 119
FUENTE: Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en información proporcionada por las Instituciones de la Administración Pública Federal (con excepción de las compras consolidadas)