Veracruz (La Silla Rota).- El Fiscal Jorge Winckler Ortiz, insistió que no se ha acreditado la ejecución extrajudicial contra las menores Grecia y Nefertiti “N”, a quien además relacionó con la banda de Roberto Santos de Jesús, alias el Bukanas presunto líder huachicolero de la zona centro de Veracruz.
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Durante una rueda de prensa, en la que no hubo espacio para preguntas, señaló que las jóvenes “no estudiaban, no trabajaban y una de ellas se autoflagelaba”, por lo que invitó a los padres de familia de Veracruz y del resto de la República, a cuidar a sus hijos y corregirlos.
Asimismo, el funcionario responsabilizó a los medios de comunicación al decir que sin tener bases científicas “manejaron una connotación morbosa y distorsionada a los hechos”, con la intención de ganar audiencia.
Sustentado en la atención mediática que ha tenido este hecho del pasado 10 de marzo, Winckler Ortiz dijo que mediante entrevistas con familiares y conocidos de las finadas, comprobaron que “habían abandonado sus estudios para involucrarse a actividades ilícitas”, presuntamente con el Cartel de Los Zetas.
De acuerdo con el funcionario, Nefertiti “N” y Eduardo “N” sostenían una relación íntima. Junto a Grecia “N”, hacía algunos meses habían abandonado sus estudios para involucrarse en actividades ilícitas.
Basado en tatuajes y una elaboración de red de vínculos, Winckler Ortiz informó que Grecia y Nefertiti “N” pertenecían a la célula vinculada a El Bukanas. Dijo, que Nefertiti “N” en su mano poseía un tatuaje de la misma forma de revolver que se hiciera José Eduardo “N”, el cual fue elaborado en el mismo lugar hace un par de meses.
Sobre Grecia “N” destacó un tatuaje en el brazo derecho con la forma de la mitad de una calavera que, refirió, presumiblemente se complemente con la mitad superior de otro miembro de esa célula delictiva. Sobre las hermanas recalcó que “no trabajaban, no estudiaban, eran agresivas, y al menos una de ellas se auto flagelaba en honor a su muerte”, además de tener tendencias suicidas.
“Menores no fueron ejecutados extrajudicialmente”: Jorge Winckler
Al aportar una relatoría de los hechos, Jorge Winkler refirió que tras recibir un reporte del 911, las fuerzas del orden fueron alertados sobre un vehículo sospechoso con gente armada “donde se transporta el jefe de plaza de Los Zetas en la zona de Río Blanco, Veracruz”.
Recalcó que tras marcar el alto al conductor y a sus acompañantes, hicieron caso omiso, intentaron huir y dispararon contra las fuerzas del orden. Producto del enfrentamiento los tres jóvenes perdieron la vida.
Al citar los dictámenes periciales, mencionó que fueron recogidos al menos 31 casquillos, de los cuales 16 fueron percutidos por las armas de fuego que portaban los 3 sujetos abatidos; dos armas cortas y una larga. Además que la prueba del radizonato de sodio dio positiva en los tres finados.
Concluyó al decir que, “La Fiscalía está abierta a la intervención y análisis de cualquier institución de carácter oficial, defensora de los derechos humanos, para que analicen los hechos que sustentan hasta este momento la investigación”.
Armas en el caso Río Blanco aparentan que fueron sembradas: Vaca Betancourt
Para Sergio Vaca Betancourt, abogado penalista, la escena del crimen en el caso Río Blanco habría sido alterada por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pues, a su juicio, las armas que aparecen junto a los tres jóvenes abatidos el pasado 10 de marzo aparentan haber sido “sembradas”.
En entrevista en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Vaca Betancourt aseguró que debido a una aparente desconfianza de los familiares de las víctimas, entre ellos Grecia y Nefertiti “N”, de 14 y 16 años de edad, instancia ajenas como la Procuraduría General de la República (PGR) o laboratorios particulares deben realizar estudios periciales en la escena del crimen.
Se debe investigar de oficio, es un asunto altamente escandaloso y llama mucho la atención; a muchos padre y abuelos nos preocupa que nuestros familiares pueden estar en algún momento en un caso como este. La opinión pública quiere saber qué pasó”, sostuvo.
Agregó que la FGE y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) están obligados a realizar una investigación de oficio, es decir aunque los familiares de los jóvenes asesinados no lo hayan requerido. “La familia debió haber solicitado a la CEDH para que investigara. Pero si ellos se oponen o no le tienen confianza a la CEDH o simplemente no sirve para nada”, criticó.
De igual manera señaló que en Veracruz existen defensores de oficio que además de asesorar a presuntos responsables de delitos, también están facultados para auxiliar a víctimas indirectas. A su vez dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debería investigar este caso que ha generado controversia entre la sociedad veracruzana. “Aún creyendo que fueran delincuentes no merecían morir así”.
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