Chilpancingo, Guerrero (La Silla Rota). El Concejo Municipal de Autoridades Comunitarias de Ayutla se pronunció para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de la desaparición de los defensores de derechos humanos, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, ocurrida el martes pasado.
Las autoridades comunitarias de Ayutla –es el único municipio con sistema de gobierno electo por usos y costumbres en Guerrero– organizaron desde ayer una brigada de búsqueda de los defensores en la ruta que tuvieron comunicación por teléfono celular la última vez, es decir en la carretera federal hacia Chilpancingo, tramo Tierra Colorada (Juan R Escudero) El Ocotito.
Denuncian desaparición de dos activistas indígenas
Durante una conferencia de prensa esta mañana, los miembros del Concejo plantearon que la Fiscalía General del Estado (FGE) informe sobre sus días de indagatoria.
Este jueves la vocería de Seguridad difundió que la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece una recompensa de hasta 2 millones de pesos a quien ofrezca información útil sobre el paradero de los defensores de la OPIM. Lo hizo también con una campaña en las cuentas y perfiles de las redes sociales oficiales, acompañada de las fotografías de Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio.
La campaña oficial de recompensa, en un principio, fue lanzada con la fotografía de Valentín Hernández, miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en lugar de una del defensor de la OPIM, y ese descuido le costó críticas al gobierno del estado.
Desde el miércoles por la mañana, día siguiente de la desaparición, el gobierno del estado también informó que empleó un plan de operaciones policiacas para la localización de los defensores.
Hasta este viernes por la tarde no hacen público el resultado sobre las operaciones.
Los miembros del Concejo Municipal de Ayutla, además de esta postura pública, también andan en búsqueda de audiencias con autoridades estales para conocer de primer mano los avances de la investigación oficial en el estado.
Al igual que otras organizaciones, el principal reproche a las autoridades de todos los niveles, es que la desaparición de los defensores haya ocurrido aun cuando tenían dictadas medidas cautelares por su nivel de riesgo.
La desaparición de los defensores del pueblo me’phaa ha generado movilizaciones de organizaciones sociales, colectivos de familiares de desaparecidos y de defensa de los derechos de las mujeres en reclamo de su aparición con vida.
Durante el jueves, en Chilpancingo, unas 100 mujeres junto con integrantes de organizaciones sociales y presos políticos marcharon para exigirla.
A partir del sábado pasado, según los miembros de otras organizaciones sociales, las amenazas contra Obtlia Eugenio otra vez se intensificaron. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan denunció que las funciones de la defensora de transparentar la asignación de obras públicas que se dieron en Ayutla, ahora como miembro del Concejo Municipal, le acarreó esas nuevas amenazas.
La protesta del jueves llegó a la puerta de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum). El presidente del organismo, Ramón Navarrete, salió y los activistas le reclamaron su desinterés por los casos de violación de derechos humanos y de no estar del lado de las víctimas. Es decir, le reprocharon no estar al nivel de las circunstancias.
mvf