La cantidad de homicidios y feminicidios contabilizados en esta administración por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hasta junio, han arrojado aproximadamente 91 mil 092 asesinatos en México.
Es cierto que durante la gestión de Durazo se impulsó la creación de la Guardia Nacional dentro del proyecto de Nación. Sin embargo, debido a la pandemia y a que con la expansión del virus se tuvieron que tomar medidas sanitarias por medio del aislamiento cesaron las actividades en las calles, esto provocó que de manera natural bajara el índice delictivo, pero la problemática nunca se fue. De ahí la inexactitud de los datos que resultaron maquillados, poco veraces. Las cifras de los datos duros no pueden ocultarse, ni el descontento de la mayoría de los ciudadanos que siguen padeciendo la inseguridad.
Todo esto quedó descubierto con el top ten de los 50 municipios más violentos de México. Por lo anterior, esta herencia maldita ha venido a afectar la gestión de Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien no ha logrado enderezar el barco hacia buen puerto, solo se ha limitado a darnos el resumen de las malas noticias que aquejan al país.
Por tal motivo, es necesario que se realicen mejores planteamientos para construir nuevas estrategias, las cuales describo a continuación.
1) Identificar las problemáticas a nivel municipal, estatal y federal.
2) En base al diagnóstico de cada nivel, crear estrategias para que las fiscalías puedan ejercitar la acción penal en contra de los delincuentes de grueso calibre, en coordinación de las áreas de seguridad pública.
3) Extirpar la burocracia en tiempo y espacio para una justicia pronta y expedita, en relación a que los ministerios públicos puedan vincular a los delincuentes ante los jueces de control para dar certeza jurídica en cada caso.
4) Crear la coordinación necesaria por escrito para materializar la intervención y coadyuvancia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en contra de los transgresores de la ley y capos de alto nivel; así como realizar las operaciones necesarias para abatir a todos aquellos brazos armados y grupos delincuenciales locales a nivel regional.
5) En cada entidad federativa identificar a sus bandas delincuenciales y crear estrategias para desarticularlas hasta su total control.
6) En cada municipio materializar la prevención y proximidad social con la ciudadanía, para controlar los delitos del fuero común que no sean graves.
Como podemos observar los mapas criminales deben construirse con base en la información que se va generando en cada entidad federativa para que las policías o agencias de seguridad, inteligencia, antinarcóticos o ministeriales, puedan mejorar su trabajo.
“Lantia Intelligence” que creó un mapa criminal sobre los cárteles mexicanos, nos brinda la siguiente información. Teniendo en cuenta que esta problemática es responsabilidad de la FGR y no propiamente de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
Cártel de Sinaloa
Este cártel continúa siendo, junto con el CJNG, el único que cuenta con cohesión para tener operaciones en la mayor parte del país. Tiene presencia en Asia, América Latina, Estados Unidos y Europa. Asimismo, el fallido operativo federal del 17 de octubre de 2019 en Sinaloa –que buscaba detener a Ovidio Guzmán López “El Ratón” y a sus hermanos– mostró el poder armamentístico de la organización.
Actualmente el liderazgo del cártel se basa en dos pilares: Ismael Zambada García “El Mayo”; y la familia Guzmán Loera encabezada por “Los Chapitos”. Según datos de “Lantia Intelligence”, el Cártel del Pacífico (CDP) dispone de 37 células en 28 entidades del país. Entre éstas destacan Gente Nueva –conformado por varios brazos armados de mafias afiliadas al cártel– en Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tabasco. Cárteles Unidos-La Unión (CU/CDS) –una plataforma de Sinaloa que reúne grupos locales contra el CJNG– en Aguascalientes, Guanajuato, Oaxaca y Michoacán. La Barredora-El Comando de la Muerte en Colima, Baja California y Ciudad de México. Los Cabrera en Chihuahua y Durango. Los Erres en Baja California y Baja California Sur. Los Zambada en Baja California y Sinaloa. Los Salazar en Chihuahua y Sonora. Los Artistas Asesinos en Chihuahua. Y Los Jaguares en Chihuahua.
Cártel Jalisco Nueva Generación
Con el debilitamiento del Cártel del Sinaloa por la extradición y conclusión del juicio al Chapo, se puede concluir que la organización criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, es la que cuenta con más capacidad operativa en México. También se ha convertido en una especie de “cártel de cuello blanco”. Es notable su capacidad para corromper altos funcionarios de los ámbitos de seguridad y procuración de justicia, para vincularse con la clase empresarial. También hay indicios de reclutamiento de ex militares y profesionistas. Con corte a 2019, el CJNG tiene 36 células y una escisión (El Cártel Nueva Plaza). En ese sentido, registra presencia en todas las entidades con excepción de Sinaloa. Destaca la alianza con el Cártel de los Arrellano Félix, conocido como El Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG) en Baja California; con La Fuerza Anti-Unión Tepito en Ciudad de México y Estado de México; con algunas facciones del Cártel del Poniente en Coahuila; la célula de El Negro en Puebla; así como Los Talibanes (escisión de Los Zetas) en Aguascalientes, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas. Por otra parte, mantiene enfrentamientos por el control de mercados ilícitos contra el Cártel de Sinaloa en varias entidades, con Los Viagra en Michoacán, y frente al Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato.
Los Zetas
A partir del verano de 2011, la estrategia federal militar priorizó la neutralización de Los Zetas y la del Cártel del Golfo, y puso en marcha la “Operación Lince Norte”. El 7 de octubre de 2012 abatieron a “El Lazca” en Sabinas, Coahuila. La muerte de éste y la detención y fallecimiento de otros líderes aceleró su atomización. Los últimos liderazgos con la capacidad de mantener cohesión fueron detenidos durante la administración de Peña Nieto: Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40” –el 15 de julio de 2013 en Anáhuac, Nuevo León–, y Óscar Omar Treviño Morales “El Z-42” –el 4 de marzo de 2015 en San Pedro Garza García–. Y el 8 de febrero de 2018 se detuvo a José María Guizar Valencia “El Z-43 o El Chema” en la colonia Roma Norte de Ciudad de México –un disminuido líder zeta que operaba en Chiapas, Veracruz y Tabasco, y al que el gobierno federal de entonces le atribuía la violencia en el sureste mexicano–.
Actualmente, el resto de Los Zetas se encuentra atomizado en pequeñas células antagónicas entre sí y sin cohesión, por lo que, en los hechos, Los Zetas ya no existen como tal. Hay doce escisiones en 12 entidades del país, entre las que destacan el Cártel del Noreste y su brazo armado la Tropa del Infierno, agrupaciones responsables de generar violencia en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz; Los Zetas Vieja Escuela en Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; Zetas Sangre Nueva en Coahuila, Puebla, Tamaulipas y Veracruz; y Los Talibanes (actualmente grupo asociado al CJNG) en Aguascalientes, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas.
Cártel del Golfo
Como en el caso de Los Zetas, el Cártel del Golfo (CDG) fue pulverizado con operativos federales: primero, en noviembre de 2010, la cabeza de la facción de Los Escorpiones, “Tony Tormenta”, fue abatido por fuerzas federales en Matamoros, Tamaulipas. Después en el contexto de la “Operación Lince Norte”, el 12 de septiembre de 2012, la Armada arrestó a Costilla Sánchez “El Coss”. Aunque continuaron otros capos como Mario Ramírez Treviño “Comandante X20”–capturado en agosto de 2013 por la SEMAR–, Homero Cárdenas Guillén “El Orejón”–falleció de un infarto en 2014– y José Alfredo Cárdenas Martínez “El Contador”–sobrino de Osiel Cárdenas Guillén y líder de Los Ciclones detenido el 19 de marzo de 2019 en San Luis Potosí–. No obstante, la organización ya no estaba cohesionada, sino dividida en distintas bandas antagónicas entre sí. Hoy por hoy se registran catorce escisiones del CDG en once estados de México. Destacan las siguientes: Los Ciclones en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; Los Metros en Nuevo León y Tamaulipas; Los Escorpiones y Rojos en Tamaulipas; Fuerzas Especiales Grupo Sombra en Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca; y Los Pelones en Quintana Roo.
Beltrán Leyva
En diciembre de 2009, la SEMAR abatió en un operativo a Marcos Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”. Su muerte detonó un violento desmembramiento, toda vez que ninguno de los hermanos tenía autoridad para garantizar la disciplina en las distintas facciones de la organización; y aunque Edgar Valdez Villareal “La Barbie” o Héctor Beltrán Leyva “El H” lo intentaron fueron detenidos en 2010 y 2014. Para 2019, quedan sólo diez restos en trece entidades federativas. El grupo más relevante y que aún mantiene ciertos elementos de la estructura original es la familia Meza Flores encabezada por Fausto Isidro Meza, "Chapo Isidro", que dirige los grupos criminales de La Oficina y Los Mazatlecos con presencia en Aguascalientes, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. Otros grupos que surgieron de las cenizas de la OCBL –pero antagónicos y sin nexos– son: Los Rojos en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla; Guerreros Unidos en Ciudad de México, Estado de México y Guerrero; Sierra Unida Revolucionaria (SUR)-Cártel del Sur en Estado de México, Guerrero y Morelos y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) en Ciudad de México y Guerrero.
Familia Michoacana
La pulverización de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios por el surgimiento de grupos de autodefensas, operativos conjuntos, así como la detención y abatimiento de liderazgos relevantes –el último de estos el de Servando Gómez Martínez “La Tuta”, capturado en Morelia en febrero de 2015– dejó doce escisiones en ocho estados. Entre estos destacan: Los Viagra encabezados por Nicolás Sierra Santana “El Gordo” y el Cártel de Zicuirán Nueva Generación de Miguel Ángel Gallegos Godoy “El Migueladas” (en alianza con el CJNG) en Michoacán, Jalisco y Colima. También está El Cártel de Tláhuac (familia Pérez Luna) en Ciudad de México; La Nueva Empresa o Cartel Brothers de José Alfredo Hurtado Olascoaga “El Fresa" y Johnny Hurtado Olascoaga, "El Pez", en Estado de México, Guerrero y Michoacán; Los Tequileros en Guerrero; La Guardia Michoacana de Homero González Rodríguez "el Gallito"; Los Maldonado en el Estado de México y Guerrero; Las Moicas en Michoacán; y Guardia Guerrerense en Guerrero.
Grupos locales y regionales relevantes
Finalmente, en todas las entidades hay grupos, bandas, pandillas o familias dedicadas a delitos como robo, narcomenudeo, y en algunos casos al mercado Ilícito de hidrocarburos (robo de combustible y Gas LP), de transportista o contrabando. Identificarlos en un mapa nacional resulta contraproducente, pues sus actividades suelen localizarse en municipios, alcaldías o colonias o calles en específico. De acuerdo con información de “Lantia Intelligence”, en al menos 16 entidades hay 29 organizaciones locales y regionales que por su arraigo, capacidad económica, armamentística y de despliegue (en varios municipios, incluso de entidades distintas) –así como por su participación en delitos predatorios– son de relevancia para fines del mapa.
Las siguientes agrupaciones en particular destacan por su capacidad: Cártel de Los Arellano Félix (CAF) o Cártel de Tijuana en Baja California, La Línea (Nuevo Cártel de Juárez) en Chihuahua; La Unión Tepito en Ciudad de México; el Cártel de Santa Rosa Lima de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro” en Guanajuato; Cártel de Oaxaca o del Istmo en Oaxaca y Yucatán; y la Banda de El Loco Téllez en Tlaxcala y Puebla; así como las mafias dedicadas al tráfico y trata de personas desde Tlaxcala, y con vínculos con otras organizaciones criminales en México y Estados Unidos: familias Granados, Hernández y Rojas Romero.
Queda claro que la estrategia de cortar cabezas de los líderes del crimen organizado no dio resultados, ya que se creó un monstruo de mil cabezas que muta constantemente. Se apostó por un nuevo tipo de justicia penal adversarial, que ha sido entendido mucho mejor por los grupos criminales y sus defensores particulares, porque liberan por deficiencias en las detenciones, mal llenados de informes, retenciones ilegales, consignaciones mal hechas , y un largo etcétera. Esto hace que nuestro sistema de justicia penal utilice la puerta giratoria, para que los mismos criminales salgan a continuar con sus actividades ilegales. Por desgracia, se deja al elemento policiaco, militar, naval, de la Guardia Nacional o agente del Ministerio Público con alguna investigación de por medio por supuestos abusos a sus derechos humanos o de debido proceso.
Con esto, las estructuras criminales han sabido sacarle provecho a este sistema de justicia penal. La falta de coordinación y trabajo de inteligencia de la autoridad hace que sean incapaces de competir con las estructuras del crimen organizado, que han sabido ir un paso delante de la autoridad que los persigue e investiga.