El 22 de abril de 2018 se celebró el primer debate de candidatos a la Presidencia de la República. Mirando con atención la acalorada discusión entre la y los debatientes, no pude más que auto-inferirme “lo que hacen algunos por mantener o llegar al poder”, pero ¿qué es el poder? ¿Qué es lo que motiva tanto la lucha por el poder?
Grandes filósofos como Aristóteles, Max Weber, Norberto Bobbio, Michel Foucault, entre otros, abordaron el estudio del poder desde una perspectiva del dominio de las personas, de su sumisión y de su control, lo que entonces significa la existencia de la otra cara de la moneda, es decir, el sujeto dominado, sumiso y controlado.
No entraremos al estudio filosófico de la noción poder, por ahora solo mencionaremos que ha sido inmensamente rica la filosofía desarrollada alrededor de esta, y múltiples las tipologías elaboradas al respecto. Esto es, de la misma manera que pensamos en un poder materno o paterno, también podríamos considerar un poder en razón del género, femenino y masculino; en razón de la actividad realizada por la persona o grupo de personas, eclesiástico, académico, sindical, político, etc., o en razón de las funciones que realiza el Estado tenemos un poder administrativo (ejecutivo), legislativo y judicial, entre muchos otros.
El poder político
En esta ocasión abordamos –desde el Derecho– el poder político o como suelen llamarle también los constitucionalistas, el poder del Estado. Entendido este como aquella consecuencia derivada de una relación de superioridad del ente social denominado Estado frente de sus gobernados, pero esta relación no es casual, se encuentra predeterminada y, por consiguiente, aceptada por el grupo social que se auto-regula estableciendo –de manera directa o indirecta– las reglas de su existencia en comunidad a través de su Constitución.
Como sabemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos viene a ser el documento madre de todas las leyes de la Nación que en 136 artículos dispone los principios fundamentales a través de los cuales se pone orden a la vida en sociedad, así como se prevén derechos también se fijan obligaciones y la estructura mediante la cual el Estado funcionará para garantizar tales principios.
Ahora bien, este poder político o poder del Estado, si bien tiene como finalidad mantener la paz y seguridad por el bien común, se trata de un medio para alcanzar ese fin último. Luego entonces, hablamos de una construcción artificial –en tanto producto del ser humano– que requiere ser materializado, es decir, tener vida en el sistema jurídico al que pertenece.
De tal forma que ese poder político se encarna en personas a las que se les atribuye la calidad de representantes del Estado y, a quienes por mandato de la Constitución y sus leyes, se les otorga autoridad para cumplir y hacer cumplir las normas del sistema.
En un mundo globalizado, de acuerdo a nuestro sistema jurídico mexicano, el máximo representante del poder político o poder del Estado recae en el Presidente de la República.
¿Qué es lo que motiva tanto la lucha por ese poder?
Sin pretender especular sobre los buenos propósitos de la y los candidatos a la Presidencia, y al margen de sus manifiestas intenciones para trabajar por y para México y los mexicanos, diríamos que para lograr los objetivos del bien común, se requiere de una abundante cantidad de recursos técnicos, humanos, materiales y financieros, sin los cuales sería prácticamente imposible alcanzar los niveles de bienestar deseados para todas y todos.
Entonces, una ventana de oportunidad para contar con los recursos en tal magnitud, la ofrece nuestro orden jurídico constitucional. Asumir la Presidencia de la República es, al final del camino, alcanzar la máxima expresión del poder del Estado, lo que resulta ser quizá una de las principales motivaciones para los contendientes en este proceso electoral 2018.
Algunas de las razones materiales derivadas de ese poder, las encontramos en el artículo 89 de la Constitución Federal, en el que se establecen facultades y atribuciones del Presidente de la República, como las siguientes:
Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, así como a los demás empleados de la Unión; nombrar, con aprobación del Senado, a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, asimismo, a los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación; presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras.
Si a lo anterior le agregamos un atractivo más en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, hablamos del ejercicio de un gasto de $1,023,678,665,789.00 M.N., a través de –al menos– veinticinco Secretarías de estado a su cargo, podemos decir entonces que hay por lo menos más de un billón de razones para desear mantener o alcanzar el poder.
Esto de ninguna forma constituye un prejuicio sobre el interés material que pueden o no tener los participantes de la contienda electoral rumbo a la presidencia. De ninguna forma, como hemos dicho, los objetivos pueden ser legítimos y loables, dignos incluso de reconocimiento por esa lucha democrática.
Sin embargo, en la búsqueda por el poder convergen intereses de todo tipo, de tal forma que es conveniente asumir que estos pueden encontrarse investidos de legitimidad o ilegitimidad, en la medida en que dentro de sus objetivos se encuentre el respetar el orden jurídico, procurar el bien común, la paz, la seguridad, etc., o, por el contrario, se falte a la legalidad, a la lealtad, a la verdad, a la honradez, entre otros.
Poder y medios de comunicación
El peligro radica justamente ahí, en el terreno fáctico cuando el poder ejerce su dominio a través de la disposición de los instrumentos del sistema jurídico para crear “verdades” que corrompen el Estado de derecho.
Quizá de esas “verdades” como las que ahora vivimos en México con la aparición y circulación por todos los medios de comunicación, internet y redes sociales, de encuestas o sondeos que, faltando poco más de dos meses para las elecciones del 1 de julio de 2018, presentan y repiten una y mil veces la idea de un virtual ganador de la contienda electoral por la Presidencia.
Lo anterior, aún y cuando desde nuestra incipiente democracia y la práctica de encuestas y sondeos, estos ejercicios estadísticos anticipados han sido –al menos en los procesos electorales federales de 2006 y 2012– poco o nada asertivos respecto de los resultados finales del día de las elecciones.
El uso de los medios de comunicación como un medio o herramienta del poder para generar una determinada “verdad” resulta sumamente peligrosa, sobre todo en una sociedad altamente susceptible que, ante los casos de corrupción que no dan tregua, tiende al rechazo de las instituciones democráticas que por más de un siglo han dado vida y forma a nuestro Estado constitucional de derecho.
Al final, la responsabilidad para mantener vigente nuestro Estado constitucional y democrático de derecho, no es solo de los poderes del Estado, sino de todos los ciudadanos. Sucumbir ante falsas promesas y verdades transmitidas por cuantos medios de comunicación existen, es darle la espalda al orden jurídico que tiene como propósito vivir en paz y con justicia.
A manera de conclusión, podemos decir que la lucha por el poder de la y los candidatos, requiere de la participación decidida y responsable de la sociedad, empoderar a la persona que asumirá en unos meses la Presidencia de México, entraña ensimismo la máxima expresión del poder originario del que habla el artículo 39 de nuestra Constitución.
Esperemos que la conciencia de los electores sea iluminada por un poder supremo –llámenle como le llamen– con tal que el dominio quede en el terreno de su individualidad, de su persona, de su libertad, de su razonamiento y prevalezca la razón del Derecho.