Hidalgo (La Silla Rota).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó el posible uso indebido de 73 millones 574 mil 500 pesos de los recursos que, a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), fueron transferidos al gobierno de Hidalgo en 2016, a cargo, al inicio de ese año fiscal, de José Francisco Olvera Ruiz, actual presidente del PRI en la Ciudad de México.
TE PUEDE INTERESAR: Error de ex director de Radio y Tv Hidalguense reveló desvío
Del monto observado, del cual reclama el reintegro a la Tesorería de la Federación, 19 millones 133 mil pesos corresponden a pagos improcedentes a personal y 6 millones 371 mil 100 pesos a personal comisionado, aunque la reforma educativa restringió el uso de dinero público para este fin.
En la Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-13000-14-1020 1020-DS-GF, que es parte del tercer informe de la cuenta pública 2016 que entregó a la Cámara de Diputados el 20 de febrero, el ente fiscalizador también reclamó 19 millones 928 mil 700 pesos por sueldos de empleados adscritos al sistema educativo, pero supuestamente prestaban labores en otras dependencias, así como 579 mil 600 pesos por pagos a personal con incompatibilidad geográfica; es decir, que cobraban en Hidalgo, aunque prestaban servicios en otras entidades.
Sin embargo, el mayor monto que el gobierno estatal no logró justificar es 27 millones 561 mil 400 pesos, por pagos a funcionarios en centros de trabajo no financiables.
Por un requerimiento de la Federación para comprobar 41 millones de pesos del presupuesto de Escuelas de Tiempo Completo, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo inició la carpeta de 12-2017-3691, la cual derivó en el hallazgo de un posible desvío de 663 millones de pesos de fondos para ese programa entre noviembre de 2014 a enero de 2017, reveló el director general de Asuntos Jurídicos de la SEPH, Carlos Emigdio Arozqueta Solís el 23 de julio de 2017
Además, por probables desvíos de 68 y 126 millones de pesos, Pablo Pérez Martínez, subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Francisco Olvera, tiene dos órdenes de aprehensión. El exfuncionario está sustraído de la justicia, pero, según la fiscalía, es buscado en 190 países por la Interpol.
En su dictamen, por el cual emitió ocho observaciones, de las cuales cinco no fueron solventadas, la ASF evidenció que aun cuando los recursos del FONE 2016 “tuvieron una importancia fundamental en la atención de la educación básica en el estado, en las regiones y grupos con mayores niveles de marginación, la dispersión poblacional obliga a la utilización de sistemas alternos de atención educativa con limitaciones y resultados insuficientes”.
Además, constató que las escuelas registran “mayores carencias de infraestructura y equipamiento”.
En relación con la calidad educativa, “se registran insuficiencias, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria; no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y secundaria.
El secretario de Educación, Atilano Rodríguez, dijo que los docentes que no fueron ubicados en aulas trabajan en programas relacionados con la reforma educativa.
wh