La complejidad, confusión y descoordinación entre entidades del gobierno federal por la redacción de la reforma laboral puso en jaque a miles de empresas, quienes ante las permanentes fallas en los sistemas y la falta de información no logran hacer su registro como prestadoras de servicios especializados y con ello, se ven imposibilitadas en atender los cambios legales en materia de subcontratación.
La presión de diversos organismos empresariales por los vacíos de la ley –a la que por cierto, califican como de otra gran pifia–, obligó a legisladores de Morena a atender la petición del sector privado y proponer un periodo extraordinario en el Congreso, a fin plantear una prórroga de 30 días para el registro de los negocios. El vencimiento original del plazo se tenía previsto para el 22 de agosto.
Pero el problema de fondo de la reforma va más allá de las fallas informáticas. Lo que en realidad preocupa a las empresas es la complejidad e inoperancia en el registro para las obligaciones fiscales y laborales que fijó la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda; a ello se suma a una mala planeación de plazos y procedimientos.
En la iniciativa que se aprobó hace unos meses, había un grave desfase entre las fechas en que las empresas debían cumplir con las disposiciones fiscales –límite del 1 de agosto– y el registro ante la STyPS que concluiría el 22 de agosto, es decir, tres semanas después. Pero nos cuentan que el colmo del error es que para obtener el registro, las empresas deben primero acatar con los requerimientos fiscales, sin embargo, las autoridades no repararon que el tiempo es insuficiente para agotar el complejo y tortuoso proceso.
Nos dicen que estos errores garrafales se los hicieron notar a Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, quien solicitó un periodo extraordinario para aprobar la prórroga con la intención de alinear ambas fechas al primero de septiembre, no obstante, este periodo resultará insuficiente y miles terminarán por bajar la cortina, fusionarse o ampararse.
Dentro de todo este caos, el IMSS abonó también a la confusión. Hace unos días destacó que los plazos de 90 días naturales que se establecen en los artículos 5, 6 y 7 transitorio del decreto en materia de subcontratación se prorrogaban hasta en tanto se apruebe y entre en vigor la ampliación que planteó el Congreso.
Esta postura del IMSS generó desconcierto en los diputados y senadores de oposición pues consideran que si el Instituto puede establecer una prórroga con el acuerdo de su Consejo Técnico, entonces la iniciativa que presentó Ricardo Monreal no es indispensable y bastarían acuerdos de orden administrativo para ampliar los plazos para el registro de empresas subcontratistas.
Ante estos vacíos de información, legisladores del PRI y PAN exigirán al gobierno federal y en particular a la Secretaría del Trabajo y a la SHCP, el detalle de los avances del registro, de la situación de las empresas y con ésta, decidirán si aprueban un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso que duraría máximo dos días.
Y si, así de confusa resulta la comunicación del gobierno federal y la redacción de la ley.
Así las cosas…