Es uno de los casos más graves que involucra a la Iglesia católica: este lunes inicia el proceso en Argentina contra dos sacerdotes que dirigían un internado para sordos y a los que se acusa de abusar sexualmente de más de 20 niños y adolescentes que estaban a su cuidado.
Dos monjas también fueron arrestadas, acusadas de haber sido partícipes necesarias en los abusos. Contra una pesa también el cargo de haber cometido abusos.
Lo que hace especialmente desgarrador lo ocurrido en el Instituto Antonio Provolo para Sordos, en la provincia centro-occidental de Mendoza, no es solamente que las víctimas eran niños, incluyendo a pequeños de hasta 4 años, sino que también por su discapacidad no podían comunicar lo que les estaba sucediendo.
Y debido a que la mayoría venían de familias humildes, no tenían otra opción más que dormir en el instituto.
Pero hay un dato más que ahonda el horror y que le ha dado trascendencia internacional a este juicio.
El principal acusado, el sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años, ya había sido culpado de cometer abusos en la sede central del Instituto Provolo, en Verona, Italia, mucho tiempo antes de llegar a Argentina.
Esas denuncias, que tienen más de una década, llegaron incluso hasta las manos del propio papa Francisco. Sin embargo, el Vaticano no hizo nada, denuncian las víctimas.
Fueron las autoridades argentinas las que ordenaron el cierre del Instituto en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo en 2016 y detuvieron a Corradi, al sacerdote Horacio Corbacho, de 59 años, y a otros 12 sospechosos (entre ellos las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez).
El sacerdote Horacio Corbacho.
La justicia argentina también investiga una serie de abusos cometidos en otro Instituto Provolo, el de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que Corradi dirigió entre 1970 y 1997.
"Encubrimiento"
Tanto las víctimas italianas del Instituto Provolo como las de las dos sedes argentinas sostienen que la Iglesia católica sabía que Corradi era un pedófilo y no obstante lo pusieron a cargo de niñas y niños sordos en Argentina.
En 2017 el obispo de Verona, Guiseppe Zenti, se desligó de reponsabilidades, afirmando que la curia no tenía poder sobre el Instituto Provolo porque es manejado por una congregación "autónoma".
Esa congregación es la Compañía de María para la Educación de los Sordomudos o Sociedad de María, fundada en 1840 por el sacerdote italiano Antonio Provolo, que, según Zenti, depende directamente del Vaticano.
Hasta ahora la Santa Sede no ha hablado públicamente sobre el caso. BBC Mundo contactó a la oficina de prensa del Vaticano pero de momento no obtuvo respuesta.
LOS ABUSOS
El juez de la causa en La Plata constató que los abusos allí se cometían los sábados, porque era el "día en que disminuía el número de alumnos internados y solo quedaban los que no tenían familia".
Yoel, uno de los chicos abusados en Mendoza, contó al diario local Los Andes que allí los abusos "siempre eran de noche" y que a los niños que dormían en el instituto se los obligaba a quitarse los audífonos para ir a dormir, para que no escucharan los gritos.
Tampoco se les permitía a los niños utilizar el lenguaje de señas, ya que el método de enseñanza desarrollado por Antonio Provolo busca sustituir la mímica por la palabra. Por ello, algunos de los niños más pequeños no podían comunicarse con sus padres.
Yoel también reveló que a los niños más grandes se los obligaba a abusar de los más pequeños, mientras sus cuidadores miraban.
Varias de las víctimas contaron que sus abusadores amenazaron con matar a sus madres si revelaban lo que estaba pasando.
Paola, la mamá de una exalumna abusada, dijo a Los Andes que Corradi "ataba de pies y manos" a su hija para abusar de ella.
Las historias de horror involucran también a Corbacho y a otros tres hombres que trabajaban en el Instituto: el jardinero Armando Gómez (que está siendo juzgando junto con los dos curas), un cuidador cuya identidad no se ha revelado porque es considerado inimputable y un empleado administrativo llamado Jorge Bordón.
Bordón, conocido como "el monaguillo", confesó haber cometido 11 delitos contra cinco víctimas y fue condenado a 10 años de prisión en 2018.
Los demás acusados niegan los cargos.
Todos ellos forman parte de la primera de las tres causas que conforman el "Caso Provolo" de Mendoza.
KOSAKA: “LA MONJA MALA”
La segunda causa involucra a Kumiko Kosaka, una monja nacida en Japón y criada en Argentina a la que muchos de los testigos destacaron por su crueldad.
Kosaka era llamada "La Monja Mala" porque se dice que azotaba a los niños, pero los crímenes de los que se le acusa van mucho más allá de la violencia física.
Asunción Martínez, Incola Corradi y Kumiko Kosaka.
Tiene seis imputaciones como partícipe primaria en los abusos cometidos por los presuntos violadores. Y también se le acusa de haber abusado ella misma.
El abogado querellante Sergio Salinas, de la ONG Xumek, dijo al canal de noticias TN que Kosaka golpeaba a los niños "para ponerlos a prueba".
"Los golpeaba sistemáticamente y el más sumiso era entregado a los violadores. El que se rebelaba se salvaba de los abusos", afirmó Salinas.
La monja, que cumple prisión domiciliaria después de haber pagado una millonaria fianza, asegura ser inocente y ha acusado a los intérpretes de los testigos de tergiversar sus dichos. Incluso publicó un video en el que pedía un "juicio justo" y en el que aseguraba que las pruebas en su contra son "falsas".
Sin embargo, algunas de sus presuntas víctimas dieron detalles escabrosos de sus denuncias.
Una aseguró que Kosaka la "entregó" a Corbacho para que abusara de ella.
Y otra dijo que le colocó pañales para ocultar la sangre de sus heridas tras ser violada, cuando tenía cinco años.
Una segunda monja, Asunción Martínez, será juzgada en una tercera causa, junto con exdirectoras y personal del Provolo de Mendoza.
En tanto, también se espera que llegue a juicio el caso por los abusos en el Provolo de La Plata, que involucra a Corradi, Primati y a un empleado administrativo llamado Jorge Britez.
En el juicio que comienza este lunes, Corradi y Corbacho enfrentan penas de hasta 50 años de cárcel.
El artículo original en la BBC